1 10 1 https://arxiupmaragall.catalunyaeuropa.net/files/original/30/968/19840927d_00047.pdf b72f2331c48d499bca56910ad7847bae PDF Text Text 3 CONSTRUCCION DEL ESTADO �l. CO:;:_ _ -..- _. ...... DE M OCRACIA AVANZADA de la Constitución Española nos impone a todos la consolidación de un Estado social y democrático de Threcho que sea la ex p resión y soporte de una sociedad democrática avanzada. Este gran objetivo constitucional lo asumimos los socialis tas como la gran tarea de la fase histórica que vive hoy nuestro Partido. 41 oredmbulo Para ello es necesario completar la adaptación de las instituciones procedentes del pasado al nuevo orden democrático y a las nuevas circunstancias históricas. En este sentido es preciso señalar que siendo mucho lo realiza do, la tarea de desarrollo institucional que queda pendiente resulta, no obstante, importante. Estamos ante la gran reforma del sistema adminisLrativo del Es tado español que no viene sólo impuesta por el paso•del autori tarismo a la democracia y del centralismo a las autonomías, si no por las nuevas condiciones económicas, tecnológicas, sociales e internacionales de los años 80, que obligan a incorporar supuestos nuevos a las políticas tradicionales de reforma admi nistrativa. 2. EL GRAN RETO: LA CONSTRUCCION DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS 2.1. La política de los socialistas, en lo que se refiere a la construcción del - Estado dei las Autonomías, ha estado guia da por los siguientes principios: construcción de las Autonomías es una exigencia del desarrollo y consolidación de la democracia. La continuidad del proceso autonómico es la mejor garantía para la defensa y promoción de la identidad propia de los distintos pueblos de España, para la modernización y re 2.1.1. La _`orna de las administraciones públicas, así como para - el desarrollo de un sistema de poderes públicos contro- �lados más directamente por la ciudadanía. En este punto no caben ambiguedades, ni replanteamientos co nst_tucio_ nales. Los socialistas proclamamos nuestro compromiso por el desarrollo y aplicación del Título VIII de la Constitución, en la certeza de q ue asï contribuimos a la mejor defensa de los intereses de la entera sociedad es p añola y a la creación de instrumentos idóneos para - solucionar la p roblemática especifica de todas las nacionalidades y regiones. 2.1.2. Las autonomías de las Comunidades, como expresión del derecho al autogobierno de las nacionalidades y regiones españolas, son siempre de naturaleza política. Las C.C.A.A. existen no sólo para la gestión descentralizada de los servicios públicos, sino fundamentalmente para debatir, elaborar y desarrollar las políticas corres pondientes a los intereses específicos de cada nacionalidad o región, dentro siempre de sus competencias esta tutarias. 2.1.3. El Estado Español sé organiza territorialmente en CC.AA., provincias y municipios. La articulación entre el Estado, las C.C.A.A. y las Corporaciones Locales, con respecto a la atribución de competencias fijada por la Cons titución y las Leyes para cada ente territorial, habrá de hacerse con base en el principio de atribución de ca da función o servicio al nivel que resulte óptimo tenien do en cuenta para ello tanto el coste de su ejercicio como la proximidad y mayores posibilidades de participa ción ciudadana. -2.1.4. La ordenación del proceso autonómico debe basarse en el principio de igualdad, sin uniformidad, respetando las peculiaridades propias de cada pueblo de los que integran España. Los socialistas combatiremos cualquier tipo de privilegio que pretendiera derivarse de la posi_ ción autonómica e impulsaremos un desarrollo del proceso autonómico del que se derive, como resultado final, un nivel de competencias sensiblemente coincidentes para todas las Comunidades. En ese proceso, las diferentes vías de acceso a la autonomía y los diversos plazos previstos para alcanzar los máximos techos competencia- �3 - les en el marco de la Constitución constitu yen en sí mismos unas diferenciaciones y tratamientos espectfices. El desarrollo del proceso autonómico no puede será pues, uniforme, ya que la clave política y constitucio nal del mismo se encuentra en el "pluralismo en la igualdad". 2.1.5. La clave . para el éxito del proceso se encuentra en el desarrollo de una práctica política basada en la solidaridad y en la lealtad constitucional. Solidaridad en tre todas las nacionalidades y regiones en tanto que partes del proyecto coman de todos los españoles y leal tad entre todos los niveles institucionales que deben ejercer sus respectivos poderes desde la aceptación plena del orden constitucional. 2.2. El XXX Congreso reafirma la plena vigencia de estos Grite ríos. Pero quiere reiterar e insistir especialmente en lo que siempre ha sido la ..oncepci6n socialista de la poi/ti ca autonómica en contraposición a los particularismos nacionalistas o a los riesgos de desviavión particularista en nuestra propia organización. Para los socialistas la construcción del proyecto socialista para cada Comunidad Autónoma ha de hacerse siempre en total coherencia con el proyecto socialista para la Nación española. Estos criterios han presidido la política autonómica desa rrollada por los socialistas tanto desde la oposición como desde nuestra responsabilidad actual del Gobierno de la Nación. 2.2.1. El Gobierno socialista no sólo ha culminado la generali zación del proceso autonómico constituyéndose a través de las respectivas elecciones los órganos de autogobier no de todas las Comunidades Autónomas, sino que además ha impulsado decisivamente el proceso de transferencias de servicios, mejorando notablemente los mecanismos financieros y de valoración y desbloqueando el tema de la función pablica. Como consecuencia de estas situaciones, creemos que la política autonómica debe centrarse en la culminación del �proceso de transferencias de servicios, en la construcción del nuevo oràen administrativo v financiero del Es _ tado de las Autonomías y en el desarrollo de la solidaridad y de la lealtad. A estos objetivos debe seguirse orientando la política autonómica socialista. En tal sentido, tiene un relieve especial nuestra oferta electoral y de Gobierno de "acuerdo institucional" sobre todas aquellas leyes básicas que han de defihir el marco administrativo y financiero del Estado. 2.2.2. En igual sentido desarrollaremos tanto desde el Gobierno de la Nación como desde el autogobierno de las Comunidades Autónomas los acuerdos y las fórmulas necesarias para conseguir el más amplio consenso posible en torno á las tareas pendientes de la construcción autonó mica. 2.2.3. Del mismo modo, y por lo que respecta a la política so- cialista en cada Comunidad, deberá darse prioridad total a la ordenación y gestión de los servicios transferidos. Sólo legitimaremos ante los ciudadanos de modo pleno el proyecto autonómico mediante una política que haga evidente la superioridad en términos de eficacia y democracia del modelo autonómico sobre el anterior. Nues tro empeño principal debe ser pues consolidar las estruc turas y establecer los criterios para el buen funcionamiento de las competencias estatutarias. 3. CONSOLIDAR LAS" INSTITUCIONES DE' AUTOGOBIERNO 3.1. La construcción de las instituciones del autogobierno de cada Comunidad Autónoma es, pues, nuestra gran tarea para los r próximos años. Para ello es necesario, en primer lugar, impulsar la elaboración de las grandes leyes básicas definidoras del sistema administrativo del Estado de las Autonomías y hacerlo en la lógica del acuerdo institucional. 3.2. Pero hay, en segundo lunar, una tarea que compete exclusiva- �mente a cada Comunidad: el desarrollo de su propia or ganización institucional. 3.2.1. Es necesario avanzar en la consolidación de los Parlamentos autonómicos como los centros del debate entre los dife rentes proyectos políticos para cada nacionalidad o región. Hacer de cada Parlamento un lugar de debate sobre los verdaderos problemas de cada Comunidad, evitando toda interfe rencia en los asuntos.que son exclusivos de las Cortes Generales o competencia del Gobierno de la Nación, y hacer llegar dicho debate a la opinión publica, es uno de los instrumentos más importantes para conseguir el enraizamien to tanto de la autonomía como de los políticos que ella ha generado. Es preciso ser extraordinariamente selectivos en la dirección de la acción parlamentaria, no desbordando la capacidad funcional de la institución y aprovechando los recursos humanos representados por los miembros de losggru pos parlamentarios para 'a mejor conexión entre los debates políticos autonómicos y la sociedad. Por otra parte, la actividad legislativa, en desarrollo de las competencias estatutarias respectivas, ha de tener en cuenta la necesaria integración y coherencia de todo el sistema jurídico español. 3.2.2. Por lo que a la organización del Gobierno y de la Administración Central de cada Comunidad se refiere, debe evitarse el mimetismo respecto del Gobierno y la Administración Central del Estado. El criterio organizativo fundamental es que las Comunidades Autónomas existen para la generación y desarrollo de políticas dirigidas a la solución de sus problemas específicos. A estos efectos, debe procurarse que dentro de cada Consejería exista la capacidad técnica y po lítica suficiente, y garantizar al Presidente de cada Comu nidad el soporte técnico y político necesario para asegurar la función de coordinación y dirección del Gobierno autónomo. 3.2.3. La Administración autonómica, como todas, debe ser estricta mente profesional, entendiéndose esta afirmación en el sentido de capacïtacïán técnica y de neutralidad para el mejor servicio del proyecto político del Gobierno representativo �de Dada territorio. Para ello es necesario delimitar clara- mente Los zarzos co::_±cos de los cargos administrativos, - asl como res p etar estrictamente en la selección y formación del personal los - Ln -ios de la publicidad, el mérito y la ca p acidad, combatiendo toda desviación en sentido clientelista. La ordenación autonómica de la función pública evita rá asimismo la re p roducción mimética de la estructura corro rativa de la Administración Central. Se orientará hacia fór mulas más flexibles y menos burocráticas, abriendo un espacio mayor para las relaciones laborales y avanzando hacia un nuevo perfil de funcionario más en consonancia con el "servidor civil" que no se conforma con la simple aplica- ción de la legalidad sino que se interesa fundamentalmente por el conocimiento de los problemas sociales y la relación con sus grupos exponentes. 3.2.4. Asimismo, se perfeccionarán todos los mecanismos de contabi lidad y de control de la actividad financiera de las Comuni dades. Lstas deben aparecer ante los ciudadanos como administraciones transparen t es, de cuentas claras. El desarrollo de campañas de información, tanto generales como por sectores, de los ingresos y gastos de las Comunidades puede resultar muy conveniente a estos efectos. 3.2.5. La organización territorial de las Comunidades Autónomas no puede responder a un modelo uniforme. Pero en todo caso debe evitarse la construcción de un modelo rígido que impida aprovechar adecuadamente todos los recursos administrativos ya existentes en su territorio. En especial, cuando se den las condiciones políticas y administrativas adecuadas, debe rá contarse con la capacidad de gestión y la agilidad de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y I Consejos Insulares. En las Comunidades pluriprovinciales só lo se establecerán delegaciones provinciales singularizadas en aquellas áreas en que existe un notable volumen de trans ferencias y siempre con base en los efectivos y recursos transferidos por la Administración Central. 3.2.6. Pero no bastará la corrección técnica de nuestros planteamientos para conseguir el enraizamiento de las instituciones autonómicas en la sociedad. La gran ventaja del modelo autonómico sobre el modelo centralista consiste en su pro- �xiridad y responsabilidad política directa ante los ciudadanos. Fomentar la participación de éstos en la de=inio___ -desarrollo y defensa de las políticas autonómicas es la cuestión clave. En este sentido la conexión con las fuerzas sindicales, las organizaciones empresariales y en gene ral con las fuerzas más dinámicas y progresistas de cada Comunidad, concertando el esfuerzo de todas ellas para el logro del proyecto autonómico, constituye un objetivo fundamental. 4. TRANSFORMAR COHERENTEMENTE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4.1. A la construcción de las administraciones autonómicas debe co • rresponder una política de transformación coherente de la Administración Central y periférica del Estado. Debe procederse a una rigurosa reordenaci(_: de los departamentos afectados por el proceso de transferencias en un sentido coherente con sus nuevas funciones. Asimismo, deberán ponerse en práctica los mecanismos ase guradores de la transferencia de funcionarios de los servicios centrales a las Comunidades Autónomas. Se desarrollarán las técnicas de contabilidad, presupuestación y control necesarias para el conocimiento de la eficacia real de los servicios; se mejorarán los sistemas de información y comunicación con los ciudadanos; se establecerán programas de desburocratización, desregulación o simplificación de trámites y procedimientos; se potenciará la figura del gestor o director de las grandes áreas administrativas. 4.2. Por lo que a la Administración periférica del Estado se refie re, debe abandonarse toda pretensión de uniformismo en su regulación. La organización de la Administración periférica debe adaptarse a las características propias de cada Comunidad Autónoma. Dicha Administración debe asegurar en todo caso la capacidad del Gobierno de la Nación para disponer de la infor mación, la presencia y el desarrollo de su política en todo el territorio nacional así como la coordinación de la misma con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales. �a 4.2. Debe procederse, asimismo, a la culminación de la nueva orden-ci de la función p ública. En p articular, es necesario ile r a un Estatuto de la Función Pública en el que se defina lo que debe ser la función pública del Estado democrático. A estos efectos, no basta con garantizar la vigencia y desarrollo de los principios constitucionales de objetividad, imparcialidad, mérito, capacidad, carrera, incompatibilidades, derechos sindicales, etc..Es necesario abrir lá posibilidad de que se laboralicen amplios sectores de las Administraciones publicas. Asimismo, es necesario que el personal de la Admi nistración disponga de oportunidades para su formación ante las transformaciones en curso. Deberán también eliminarse las barreras que actualmente impiden o dificultan la movilidad tanto horizontal como vertical del funcionario, aseguran dose en todo caso la capacidad necesaria para el puesto de trabajo que se desempeña. Se flexibilizará el derecho de la función pública que en relación al derecho laboral no tendrá otras especialidades que las estrictamente requeridas por el desempeño de funciones de autoridad. Se establecerán los mecanismos de selección y formación necesarios para asegurar el espíritu democrático del servicio, que, como tal, se basa rá no sólo en la legalidad sino en la legitimidad democrática de la misma y exigirá un ejercicio de la función pública consecuente con la voluntad de informar, persuadir y dejar participar a los administrados. 5. LA FINANCIACION DE LAS C.C.A.A. La piedra angular sobre la que descansa el modelo vigente de financiación de las Comunidades kAutónomas es la LOFCA. A partir de ella se han ido desarrollando un conjunto de normas (la Ley marco de cesión de tributos a las C.C.A.A., las Leyes particulares de cesión, la Ley del FCI y la Ley de porcentaje de participación en los ingresos del Estado Para 1984) que han permitido cerrar el marco de- relaciones financieras. En el desarrollo de la misma se han dado avances destinados a evitar la proliferación de situaciones singulares, para lo aue se ha utiliza_ do un método común de valoración de los servicios transferidos, �- y - q ue ha permitido establece: una disci p lina económica , ro_ti- ca en el calculo del coste de los traspasos. En este sentido un avance importante viene representado por la adecuación del modelo foral tanto a las competencias asumidas mor estas Comu nidades como al conjunto de las Comunidades de régimen común y a la p ro p ia Administración del Estado. El modelo de financiación así construido supone un activo poli tico y económico que debe valorarse de forma muy positiva. Sin el marco global que dicho modelo representa las tensiones y conflictos que habrían necesariamente surgido hubieran dificul tado extraordinariamente el propio proceso autonómico. Además ha permitido que el proceso financiero funcione sin graves ten siones, no obstante el considerable volumen de transferencias realizadas, expresado en el dato que las Comunidades Autónomas gestionan hoy recursos de casi un billón de pesetas. 5.1. Existen otras tensiones generadas por las propias caracterís ticas del modelo. En primer lugar las que tienen su origen en el componente redistributivo incorporado al mismo. En efec to, en un país con los desequilibrios territoriales de España, es absolutamente indefendible la autonomía sin la solidaridad. Y la concreción de la solidaridad, para q ue sea efecti va, implica transferencias de recursos desde unos territorios a otros. En un periodo de crisis económica los recursos son escasos y, por lo tanto, el reparto es preciso que no genere desequilibrios globales. Este hecho nunca se asume sin tensio nes y, a veces, no se asume en absoluto. La virtualidad del FCI reside, precisamente, en que ha sido capaz de distribuir un cuantioso volumen de recursos, sin generar déficit público, respetando simultáneamente, la autonomía en la programación y gestión de las competencias asumidas por las C.C.A.A. 5.2. Un segundo núcleo de problemas surge por las especificidades impuestas por los diferentes ritmos de asunción de competencias en cada Comunidad Autónoma. En efecto, el juego combina do de las C.C.A.A. de la vía 151 y las del 143, y el diferen te ritmo de asunción de competencias dentro de cada una, exi Tía un sistema flexible capaz de ada p tarse a circunstancias diferentes pero que, en todo caso, garantizase la suficien- �- 10 - cia financiera a cada Comunidad y no generase desequilibrios adicionales p ara el Estado. El elemento clave es la definición del coste efectivo, diseñándose diversos elementos finan cieros con capacidad para garantizar su cobertura. n^^ Esta situación diferenciada es en todo caso transitoria, dependiendo del volumen de competencias transferido y asumido ^^en los respectivos Estatutos de Autonomía. Sin embargo es cierto que la aplicación del modelo en el p eríodo transitorio genera algunas disfuncionalidades. En efecto, la definición de un porcentaje sobre los ingresos del Estado, genera un efecto financiero a favor de las C.C.A.A. y en contra del Estado que, además, se distribuye de forma desigual entre las ^^ ti ‘ t C.C.A.A. S'` vql 1 , 1/41 A En el caso de que persista y de que adquiera una cuantía sic. nificativa se hará preciso corregir ese efecto financiero, para evitar su influencia perjudicial sobre el déficit pdbli co. Ahora bien, la corrección de ese efecto no implica en ab soluto el rechazo del modelo en su conjunto. En primer lugar, porque dentro de la propia LOFCA existen posibilidades de ac tuar sin perjudicar el equilibrio del sistema. En segundo lu gar, porque nos encontramos todavía en el periodo transitorio, y, por consiguiente, con algunas situaciones todavía no suficientemente contrastadas que no pueden ser consolidables de cara al futuro sin dosis muy elevadas de prudencia. 5.3. Por otro lado, el mecanismo de distribución territorial de la inversión nueva, concretado actualmente sólo a través del FCI puede producir consecuencias negativas en cuanto al volu men total de fondos de inversión aplicados en las distintas C.C.A.A. Para evitarlo, y en desarrollo de la LOFCA, es reco mendable la elaboración de programas de inversión específicos elaborados y financiados conjuntamente por el Estado y las C.C.A.A. 5.4. Por lo tanto, la puesta en funcionamiento del modelo de finan ciación de las C.C.A.A. contenido en la LOFCA, constituye un marco global coherente y sólido, que ha sido capaz de hacer frente a un fuerte proceso de transferencias, sin afectar de forma sustancial a los equilibrios económicos fundamentales. �6. LA POLITICA ECONOMICA EN EL ESTADO DE LAS AUTONCMIAS Diseñadas y puestas en funcionamiento las piezas esenciales del sistema de financiación autonómica es preciso dar un paso más para comenzar a plantearnos algunos de los problemas con los que vamos a enfrentarnos en un próximo futuro. De entre ellos, uno de los que adquiere mayor importancia es el que hace referencia al diseño y ejecución de lá política económica. Existen algunas premisas que es necesario considerar y que aunque puedan parecer obvias es preciso destacar. En un período rá pido e intenso el Estado español se ha transformado profundamen te, dejando de ser un Estado centralista para transformarse en otro dotado de numerosos centros de decisión política y econ6mi ca. Cada uno de estos ámbitos tendrá diferenciadas tanto sus competencias como sus recursos económicos. Ello significa que la realización de la política en general, y la política econ6mi ca en particular, adquirirá una complejidad superior a la que viene poseyendo actualmente, ya que no se va a poder instrumentar de la forma en la que se venia haciendo hasta ahora. Hemos de ser conscientes de que en el momento presente la responsabilidad de diseñar un mecanismo institucional capaz de hacer funcionar eficazmente la actividad económica en el modelo de Estado que estamos construyendo recae fundamentalmente sobre los socialistas. 6.1. Definición de una política económica uniforme De acuerdo con la Constitución, corresponde al Estado la definición de los objetivos básicos de la política ecón6mica en temas como el crecimiento económico, la distribución personal y regional de la renta, la'garant a del equilibrio económico externo y la estabilidad de los precios y salarios. i Una vez definidos los objetivos básicos de la política económica, de acuerdo con los mecanismos y con los instrumentos previs tos en la Constitución, es preciso conseguir la integración y coordinación de las políticas económicas regionales para evitar que entren en colisión con esos objetivos. Debemos conseguir compatibilizar la existencia de políticas económicas autónomas �con una política económica de ámbito estatal. Esta necesidad resultara más p erentoria cuando las Comunidades hayan recibido todas las competencias que se incluyen en sus Estatutos y las Asambleas-Legislativas de las mismas inicien la legislación en estas materias. En una sociedad industrial avanzada el Estado requiere instru mentos capaces de garantizar la unidad del mercado, la direc- ción de la política económica y un protagonismo esencial en la distribución personal y territorial de la renta y.la rique za. En España nuestra Constitución atribuye al Estado estos poderes hecho que además se ha visto ratificado por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias. Por el contrario, la existencia de un ámbito propio de politi ca económica en las distintas C.C.A.A. sí tiene aspectos más controvertibles. Los Estatutos dé Autonomía definen competencias de contenido económico como exclusivas. Sin embargo, y a menudo a renglón seguido, añaden algún tipo de fórmula ("sin perjuicio" "en el g.-nbito definido por", etc.) que limita claramente la presunta exclusividad de esas competéncias. En este ámbito, y dando por supuesto que cada nivel de Gobier no respeta las competencias del otro ¿cómo debe operar la relación Estado-Comunidades Autónomas?. Es evidente que en los campos concurrenciales las actuaciones de un nivel de Gobierno no son neutrales para los objetivos que persigue el otro. La ordenación de la economía y, por consiguiente, el diseño general de la política económica es competencia del Estado. Ahora bien, simultáneamente, las C.C.A.A. tienen competencia, en su ámbito territorial, para promover el desarrollo económico en general y, sobre determinados sectores y actividades en particular. El ejercicio de ambos políticas económicas puede plantear serios problemas de eficiencia e, incluso, de equidad. Es preciso realizar un esfuerzo de clarificación para evitar que estas actuaciones conduzcan a despilfarros de recursos, duplicación de intervenciones, ineficacia e, incluso, neutralización mutua. Este esfuerzo de clarificación sólo va a ser posible si, las relaciones entre la Administración Central y las C.C.A.A. se caracterizan por una dialéctica de cooperación y coordinación, superando la dialéctica reivindicativa del pasa- do. �Este esfuerzo de clarificación nos debe empujar a: 1.- Regular los instrumentos normativos que concreten en cada caso los ámbitos de actuación de cada nivel de gobierno. 2.- Fijar un procedimiento de transmisión de la información que impida que cada ámbito de gobierno retenga para sí la información que estima conveniente. 3.- Dada la absoluta interdependencia de los fenómenos económi cos..,._._de hecho las competencias del Estado y las C.C.A.A. encuentran múltiples elementos concurrenciales. Por consiguiente, la coordinación es un requisito imprescindible, de forma prioritaria en los campos presupuestario y financiero, pero tendrán que extenderse a todos los ámbitos de la política económica. 4.- La experiencia de los Estados de tipo federal pone de mani fiesto que la cooperación en proyectos conjuntos de los di ferentes niveles de gobierno es, cada vez más, el común de nominado; de las relacic..as entre ellos. 6.2. La cooperación como ajuste funcional del sistema autonómico En todos los modernos Estados federales o regionales, y lo mis mo sucede en el nuestro, resulta imposible establecer una distinción nitica y perfecta entre las competencias de los distin tos niveles institucionales. Así las cosas, la posición de supremacía que en principio corresponde al Estado y al interés general que representa podría conducir a una expansión irrefre nable de las instancias centrales del poder en perjuicio de las competencias autonómicas y locales. Se trata de un fenómeno universalmente constatabie, cuya neutralización exige acudir a fórmulas de cooperación que permiten el mantenimiento de las competencias autonómicas a là vez que establecen los mecanismos para la realización práctica de los criterios constitucionales de solidaridad, lealtad y unidad. Tras la plena asunción de las competencias estatutarias y la construcción de las instituciones de autogobierno, el ejercicio de las competencias tanto estatales como autonómicas que tengan naturaleza compartida o concurrente (y que son la mayo ría) requerirá para su mejor eficacia y menor conflictividad �el uso creciente de fórmulas cooperativas; Los socialistas impulsaremos el desarrollo de estas fórmulas con la finalidad tanto de defender las competencias autonómicas como de conseguir la necesaria coherencia en la actuación de los poderes pd bl ico s . �7.- LA POLITICA MUNICIPAL Y LOCAL Los socialistas consideramos al municipio como el marco - básico de convivencia de la sociedad civil, reconocido -- por nuestra pasada y reciente historia. Consiguientemente consideramos el campo minicipal como un fundamental escenario institucional de intervención para el desarrollo de nuestra actividad política de cambio y modernización de la Sóciedad. La gestión socialista en los primeros años de gobierno de mocrático de las Corporaciones Locales se ha caracterizado por un asentamiento de la institución, una reorganización de los servicios, la progresiva dotación de la in- fraestructura de la que carecían nuestras ciudades y pueblos y por la progresiva asunción de competencias en aque llos ámbitos donde se hacia necesaria la intervención de la institución municipal para la solución de los diferentes problemas que afectan a la vida social. 7.1.- Superados los años de implantación y puesta a punto de la maquinaria municipal, corresponde ahora, a -aquellas corporaciones locales gobernadas por socia listas, la profundización del proyecto político, -orientando la gestión hacia áreas que supongan una mayor participación del ciudadano en la vida pública, tanto individual como colectivamente, atendiendo con especial interés a los sectores marginados dentro de la sociedad, distribuyendo el gasto de -forma que se reequilibren las dotaciones de servicios e infraestructura entre los diferentes barrios de las ciudades o pueblos, garantizando el acceso a los servicios y prestaciones municipales de todos los ciudadanos, en especial los más desfavorecidos, interviniendo en general en todos aquellos sectores que provoquen una redistribución de riqueza, vía -servicios, más solidaria entre todos los ciudadanos, �alcanzando mayores parcelas de justicia y libertad y haciendo, de forma significativa, progresos en el nivel de participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida política, logrando, en resumen, un cambio cualitativo en la vida cotidiana de nuestros pueblos y ciudades. Para los socialistas no basta ya con gestionar bien, es necesario utilizar las co tas de poder para provocar transformaciones políticas que supongan avances cualitativos en el sistema-democrático. 7.2.- La aprobación de la Ley de Bases del Régimen Local debe completarse con la aprobación de una Ley de -Financiación de las Haciendas Locales que garantice la suficiencia financiera de las Corporaciones Loca les para el ejercicio de sus competencias,mediante la adecuada combinación de tributos propios y de -transferencias del..stado y de las Comunidades Aut6 nomas. 7.3.- La estructura territorial local se adecuará a las necesidades reales de la población y del territorio de cada Comunidad Autónoma. 7.4.- La actividad legislativa de los socialistas, en - cualquiera de los ámbitos parlamentarios y en cualquier materia sectorial que se regule, tendrá siempre en cuenta la atribución preferente a las entida des locales de las competencias correspondientes en cuantos asuntos afecten directamente al circulo de sus intereses, y en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capa cidad de gestión de la Corporación local en cues- - tián. 7.5.- El sistema financiero de las Corporaciones Locales se caracteriza en los próximos años por garantizar � Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Title A name given to the resource 09.01. Activitat de representació (com a Alcalde) Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1982-1997 Description An account of the resource Aquesta sèrie agrupa els documents sorgits de la funció representativa de l'exercici del càrrec d'Alcalde de Barcelona. No tenen tipus Tipo temporal para mapear las fichas sin tipo a la base resource template de Omeka S Dublin Core The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/. Identifier An unambiguous reference to the resource within a given context 3874 Title A name given to the resource La construcción del Estado / Conferència a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Creator An entity primarily responsible for making the resource Maragall, Pasqual, 1941- Format The file format, physical medium, or dimensions of the resource Textual Spatial Coverage Spatial characteristics of the resource. UIMP, Sevilla Language A language of the resource Castellà Subject The topic of the resource Democràcia Política Socialisme Espanya plural Autogovern Administració pública Finançament Acció política Estat Catalunya Description An account of the resource Conte notes manuscrites de PM. Incomplet, manquen pàgines. Type The nature or genre of the resource Conferència Date A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource 1984-09-27 Provenance A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource. Aquest document forma part del fons municipal de l’Ajuntament de Barcelona (productor de la documentació) i és còpia digital de l’original custodiat a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona. EAD Archive The Encoded Archival Description is a common standard used to describe collections of small pieces and to create hierarchical and structured finding aids. Level The hierarchical level of the materials being described by the element (may be other level too). Document Discursos i conferències